El Ayuntamiento podrá iniciar las mejoras pendientes en los centros educativos tras la sentencia favorable al recurso presentado por los servicios jurídicos municipales
El Ayuntamiento de Mislata ha ganado el contencioso administrativo interpuesto contra la Generalitat Valenciana por la gestión del Plan Edificant, una resolución que permitirá recuperar la competencia para realizar obras en los centros educativos por más de 3,3 millones de euros, correspondientes a actuaciones educativas comprometidas por el Consell que nunca llegaron a completarse.
El fallo de la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJCV supone una enmienda a la totalidad de la gestión realizada por la Generalitat en materia educativa en relación con el Plan Edificant, un programa mediante el cual el Consell asumió diferentes actuaciones en centros educativos de Mislata que finalmente quedaron pendientes de ejecución, al considerar el gobierno de la Generalitat actual que era lesivo para sus intereses.
La sentencia permitirá realizar las actuaciones previstas en el CEIP Almassil, con 821.921,82 euros; el CEIP Gregorio Mayans, con 702.699,36 euros; el IES Molí del Sol, con 1.243.012,64 euros; y el Centro Público de Formación de Personas Adultas (CPFPA Mislata), con 536.377,95 euros.
El alcalde de Mislata ha destacado que esta resolución “supone una defensa de los intereses de la ciudad y del derecho de la comunidad educativa a contar con unas instalaciones adecuadas”. Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento “seguirá trabajando para que unas inversiones comprometidas durante años no queden paralizadas y puedan convertirse en realidad para garantizar el bienestar de los alumnos y alumnas de Mislata”.
Desde el consistorio se considera que esta sentencia refuerza el compromiso municipal con la educación pública y permite avanzar en la mejora de los equipamientos educativos de la ciudad, después de una gestión autonómica que paralizó actuaciones esenciales para los centros de Mislata de forma ilógica. Además, la Sala Contencioso-Administrativa del TSJCV impone los costes del proceso a la Generalitat.
